La Ley de Funcionarios Civiles del Estado, derogada  parcialmente, establece en su artículo 23 las tareas  que corresponden  a cada cuerpo. Su vigencia  práctica en la A.E.A.T. ha sufrido  en las dos/tres últimas décadas diferentes estoques  que lo han hecho anacrónico y que nos deben llevar a su revisión. Pero este replanteamiento no puede  quedarse  en el texto del citado artículo, sino que debe llegar más allá: el sistema de promoción interna existente en la A.E.A.T. 

Con la introducción de las nuevas tecnologías, las tareas que realizaban cada uno de los cuerpos de funcionarios y muchas categorías del personal laboral sufrieron un vuelco que hasta el día de hoy la organización no ha sido capaz de asimilar. En aquellas fechas empezó a correr, impulsado por el colectivo de inspectores, la consigna de “todos para todo”; era la solución a los cambios que se estaban  dando en las tareas a realizar por cada uno de los colectivos y que suponían en la práctica que cualquier colectivo realizara cualquier trabajo. 

Han pasado los años y los cambios normativos lo único que han hecho, con respecto al tema que tratamos,  ha sido cambiar la consigna. Ya no vale el “todos para todo” sino que ahora nos encontramos con la “asignación de tareas”. El artículo 73.2 del Estatuto Básico del Empleado Público  (EBEP) establece que “Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas  o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría,”.  Todo esto llevó a la Dirección de la A.E.A.T. a la publicación de la Instrucción 1/2015, de  2 de  julio,  de  la  Dirección General de  la  Agencia  Estatal de  Administración Tributaria, sobre asignación de funciones y tareas entre  el personal de los distintos órganos y unidades, con la que intentaba dar validez a algo que no la tiene: cualquiera puede hacer cualquier cosa, sólo tiene que mandárselo su jefe inmediato. En concreto en el apartado  2 de la instrucción primera dice que “…, el titular del  órgano  o  unidad administrativa  distribuirá  las  tareas  entre  su  personal  atendiendo  a  la experiencia, preparación y capacidad de cada funcionario y al grado de progresión alcanzado por éste en su carrera profesional,” (ole, ole y ole, y nosotros sin saber que teníamos como Director General a un gran monologuista). Mediante una instrucción intentaba paliar el déficit normativo existente. Pero el artículo 5.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, siguiendo el criterio marcado por la Ley de Funcionarios Civiles del Estado dice que  “Los funcionarios se agrupan  en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo”, es decir, el ámbito competencial de cada grupo funcionarial va a venir delimitado por las exigencias de  conocimiento que  se  exige a través  del proceso  selectivo y este,  a su vez, irá en concordancia con lo delimitado en el artículo 23 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Aunque este artículo ha quedado  superado  por la evolución tecnológica y social de las dos últimas décadas, de él se puede  extraer  un  principio básico cuando  hablamos de  tareas:  toda  labor que  implique la gestión, propuesta o estudio corresponde a los cuerpos superiores (A1 y A2) y las que impliquen tareas de trámite y colaboración corresponden  a los cuerpos inferiores (C1 y C2); en otras palabras, todas  aquellas que impliquen una valoración jurídica o económica de la materia tratada corresponden a los cuerpos A1 y A2.

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