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El Observatorio de la Dependencia alerta de un grave riesgo para las personas dependientes y para los derechos de las trabajadoras/es

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Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSP-UGT y CCOO) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han presentado en rueda de prensa el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, un instrumento creado para analizar por parte de los agentes sociales de forma rigurosa y sistemática el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia en nuestro país, con el objetivo de dar respuestas a los problemas de viabilidad con los que se encuentra en la actualidad.

El informe, a los largo de sus 130 páginas, presenta una detallada radiografía del estado actual del sistema de atención a la dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, valoraciones y beneficiarios, el desarrollo normativo de la ley tanto a nivel estatal como autonómico, los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema y la delicada situación por la que atraviesa el sector.

Estos son algunas de las claves:   

La aplicación de la LAPAD se realiza con importantes retrasos en la valoración y concesión de prestaciones, constatándose que algunas CC.AA no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva (Informe Tribunal Cuentas 2.014), lo que perjudica que no resulte satisfecho en el momento oportuno el derecho subjetivo de las personas dependientes.

Se observa que en España (2,64% PD sb PT) la proporción de personas valoradas GIII alcanza en nuestro país 30,03%, mientras que el GII es 36,18%, ambos muy superiores a los de otros países europeos con similar población dependiente. Esta disfunción del Baremo puede tener relación con la financiación por grados de Dependencia reconocido, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados.

A pesar de que RD1050/2013 tenía como objetivo priorizar servicios frente a prestaciones económicas, la Ley continua 7 años más tarde de su entrada en vigor con una proporción de un 42,81% de servicios por cuidadores no profesionales, frente al 13,95 de servicios de atención residencial, 12,71%, SAD y 12,53% de teleasistencia. Lo que es más grave, si se tiene en cuenta que el 66,21% de los beneficiarios con prestación corresponden al Grado III (30,03%) y Grado II (36,18%) respectivamente y que además invirtiendo ese porcentaje de cuidadores no profesionales en servicios de residencia, se crearían 125.000 nuevos empleos (ratio 0, 5).

El crecimiento de empleo generado en el sector se ralentiza y comienza a disminuir en 2012, incrementándose desde esa fecha los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo que unido a la disminución de servicios e intensidades nos aleja de las estimaciones de creación de empleo previstas.

La normativa relativa a la LAPAD es enorme: incluye más de 671 normas de CC.AA y 134 normas estatales. Sin embargo adolece de la falta de una normativa estatal en materia de acreditación por grado de dependencia, que garantice una atención de calidad.

Pilar Navarro, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FSP-UGT ha señalado que el informe ha constatado que los puestos de trabajos generados por el sector están muy por debajo de las expectativas. Se calculaba que el sector iba a generar al menos 300.000 puestos de trabajo, cuando en realidad se han creado poco más de 100.000. Se trata de empleo precario, ya que los trabajadores (y sobre todo las trabajadoras, ya que estamos hablando de un sector fuertemente feminizado) tienen salarios que oscilan entre los 800 y los 1000 euros, cifra que atenta contra la dignidad de los profesionales. Además se trata de contratos temporales y a tiempo parcial.

La falta de inversión y la apuesta por los cuidadores informales de las CCAA explican el desequilibrio. Navarro se ha mostrado preocupada por el retraso de algunas Autonomías para dar las certificaciones a los trabajadores del sector, lo que está dificultando la renovación de contratos. "Hemos exigido en el Comité Consultivo del Imserso que se convoquen todas las acreditaciones hasta 2015, pero creemos que no se cumplirán los objetivos". 100.000 trabajadores no han podido acreditarse, lo que acarrea el riesgo de que no les renueven el contrato. Navarro ha afirmado que con la Reforma laboral ha habido descuelgues masivos del Convenio; "la Patronal podría dejar a los trabajadores con el salario mínimo interprofesional".

 

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