El martes 12 de julio compareció la Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en  la  Comisión  de  Política  Social  de les Corts  para  informar  sobre  diversas cuestiones en relación a la gestión sobre Dependencia. 

1.- En primer lugar se refirió al copago impuesto por el anterior gobierno que ya se ha eliminado para los centros de día. Para las personas que se encuentran en residencias,  se  ha  incrementado  el  “dinero  de  bolsillo”  (cantidad  mínima  para gastos personales) y se recuperan también las pagas extraordinarias. 

2.- Seguidamente informó sobre el nuevo modelo en cuanto a la valoración de los expedientes de dependencia. Actualmente la valoración se realiza por una entidad de derecho público (IVAS) y a partir de ahora la gestión pasará al personal de los servicios sociales municipales. Se anuncia financiación y equipos multidisciplinares, pero esto no será totalmente efectivo hasta 2018, lo que va a conllevar retrasos en la valoración y saturación del personal al servicio de los Ayuntamientos. 

3.- Por último nos informaron de la puesta al día en el pago de la retroactividad (atrasos en expedientes) y la simplificación de los trámites en las solicitudes que han de realizar los herederos para reclamar los pagos de las personas fallecidas. 

Reconocemos el esfuerzo de la Conselleria por ponerse al día en los pagos, y el camino  que  ha emprendido  hacia  un modelo  en  el  que  se  reconocen  las prestaciones de Dependencia como un derecho de ciudadanía, así como se da protagonismo a los Servicios Sociales Municipales, los más cercanos a las personas. La parte negativa es que sin haber un período de transición se va a pasar de un modelo a otro sin  establecer  los mecanismos  que  garanticen el normal funcionamiento   de   los   servicios,   lo   que   ya   está   conllevando   retrasos   (los expedientes de 2016 no se resolverán hasta 2018) e incertidumbre y malestar en el personal de los Ayuntamientos. 

Desde esta Secretaria y el Sector de la Discapacidad y Dependencia, seguimos reclamando a la Conselleria más diálogo y coordinación a la hora de establecer estas medidas que afectan directamente al bienestar de las personas con diversidad funcional y a las trabajadoras y trabajadores del sector de la Dependencia y Diversidad Funcional.