Idioma

El Tribunal Supremo declara no ajustado a derecho el ERE de Vaersa, y la FSP UGT reclama al Consell que asuma otro error en su nefasta gestión

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 

Demuestra la mala planificación, mala gestión de los recursos humanos en VAERSA

El Tribunal Supremo reconoce la improcedencia del ERE de Vaersa y  reconoce parcialmente el fallo del TSJ sobre nulidad en esta empresa pública.

Se ha decidido por el alto tribunal indemnizar por despido improcente  a los 197 trabajadores afectados. La FSP-UGT PV acepta la sentencia del alto tribunal y solicita al Consell ejecute la sentencia lo antes posible.

El portavoz de FSP-UGT PV, Víctor Codina, acusa al Consell de provocar con su nefasta gestión mayor precariedad y destrucción de empleo en el sector publico de la Generalitat. En concreto las últimas reformas estructurales llevadas a cabo en este ámbito han provocado en los tres últimos años el despido de más de 5000 trabajadores en el sector público empresarial.

Víctor Codina destaca que el Consell deberá autorizar a VAERSA a   indemnizar a los 197 trabajadores despedidos a razón de 45 o 33 días de salario hasta un máximo de 42 mensualidades. Ascendiendo la indemnización a un total a mas de 1.500.000 euros.

Un gasto que sumado a las indemnizaciones ya abonadas a razón de 20 días hasta 12 meses, provocará otro socavón en las arcas públicas de la Generalitat. Gasto que deberían de asumir a título personal los responsables políticos de la Conselleria de Hacienda y de todos los  Conselleres de Medio Ambiente  que han pasado por VAERSA.

Mientras tanto, estamos a la espera del juicio del segundo ERE de VAERSA por  modificaciones de  las condiciones laborales de 98 trabajadores , y que la FSP-UGT PV  presentó demanda de conflicto colectivo ante el TSJ.

 

RESUMEN DE LA SENTENCIA

La sentencia del Tribunal Supremo nº 249/2014 en recurso de casación interpuesto por la empresa VAERSA contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cambia el criterio jurisprudencial de la misma declarando el ERE de la empresa pública VAERSA como no AJUSTADO A DERECHO, estimando en parte el recurso promovido por la representación legal de la empresa.

El cambio de criterio de jurisprudencial se basa en las siguientes cuestiones de derecho:

1).- Entiende el Tribunal Supremo que la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia ha aplicado erróneamente la legislación laboral de forma que la publicación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores con las particularidades del 34 del Real Decreto 1483/2012, de modificación del Estatuto de los Trabajadores debe ser entendido en su aplicación de parte del Titulo III que regula los procedimientos de despido colectivo del Sector Público y los diferencia de los de la Administración Pública.

2).- Sentadas estas premisas legales el Tribunal Supremo Estima inadecuado el que la sentencia recurrida niega a la empresa el poder acudid a la invocación de causas organizativa y productivas, entendiendo que estas no caben en el sector públicos, cuando efectivamente el Título III, del Real Decreto 1483/2012 si lo prevé.

3).- La Sala del T.S. justificó la demanda de los actores respecto de los defectos de la documentación aportada, puesto que esta debió ajustarse a los artículos 38 y 45 del Reglamento, en los que figura la información sobre los criterios tenidos en cuenta en relación con el establecimiento de la prioridad de permanencia del personal laboral fijo.

La Sentencia del Tribunal Supremo manifiesta que son inaplicables a este supuesto los citados artículos 38 y 45 y que examinada la documentación aportada por la empresa, se ha dado cumplimiento sobre el derecho de información a la parte social en la suficiente como garantizar en la negociación. Mantiene el Tribunal Supremo que no toda la ausencia de documentación debe de llevar aparejada la declaración de nulidad, solo podrá ser así cuando dicha documentación tenga el carácter de esencial y transcendente que permita una adecuada negociación.

Por último y respecto al principio de buena fe en la negociación, esta deberá ser entendida de manera particular según cada uno de los casos, y unida a la información obtenida por los agentes sociales que permita analizar de manera suficiente la posición empresarial.

Sin embargo la Sala concluye que el procedimiento de extinción no es ajustado a derecho como consecuencia de las acciones contradictorias que suponen el despido de los trabajadores de las encomiendas y su nueva recontratación después de la ejecución del ERE, lo que lleva a la Sala a pensar que no está suficientemente garantizado las causas económicas y organizativas evocadas por la parte empresaria.

Ver sentencia

 

ENLACES DE INTERÉS Risa 

 

CANAL YOUTUBE

 

 SIGUENOS EN FACEBOOK

  

 ÚLTIMOS TWEETS

 

 

 

 

ENLLAÇOS D' INTERÉS  Risa   

 

 

 CANAL YOUTUBE

 

 

SEGUEIX-NOS EN FACEBOOK

 


ÚLTIMS TWEETS

       

         

IR ARRIBA