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¿¿Actualmente es una prioridad la nueva Ley de Función Pública Valenciana??

La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas impulsa la aprobación de una nueva ley de función pública valenciana. Sin embargo, queda escasamente un año de legislatura y sigue el bloqueo de la función pública valenciana: sin concursos generales de traslados durante más de 10 años, con las comisiones de servicios como la forma habitual y perversa de provisión de puestos, negando la posibilidad de la mejora de empleo, con años de congelación salarial, sin bolsas de trabajo disponibles para infinidad de cuerpos/escalas, con OPEs de dimensiones ridículas desde la de 2004, con una elevadísima tasa de temporalidad, con mucho personal interino de larga duración y mayor de 45/50 años, con gran cantidad de personal interino que no puede presentarse a las pruebas de acceso a su cuerpo/escala porque se han modificado los requisitos de titulación…

La Función Pública Valenciana padece una larga parálisis que debe finalizar cuanto antes. Su personal empleado público espera (lo espera de este Consell) que se acabe con esta situación, que recupere la dinámica de concursos de traslados de forma regular, de convocatorias amplias de promoción interna y de acceso al empleo público, con bolsas de trabajo ágiles, con posibilidades de mejora de empleo…

En definitiva, hay que recuperar la confianza perdida en la gestión cotidiana de personal y dar solución a los numerosos problemas que siguen abiertos. A un año de finalizar la legislatura, los empleados públicos todavía no han notado, en estos aspectos, que haya cambiado la situación.

Desde la FeSP-UGT-PV queremos dejar claro que nuestra posición no significa una renuncia a la necesaria modernización de la función pública valenciana, así como de la revisión de los procesos de acceso y carrera profesional de personal. Apostamos por una Escuela Valenciana de Administraciones Públicas que profesionalice y dignifique nuestro trabajo y que, al igual que sucede en otras comunidades autónomas, se recuperen los estudios sobre la gestión de la función pública valenciana; con un Consejo que impulse nuevas medidas de modernización y promoción profesional. Pero todo esto no es posible si antes no normalizamos la gestión de personal y nuestros empleados y empleadas públicas no pasan a ser un activo protagonista en el cambio, cuestión ésta que no es posible desde la actual situación.

En este contexto, la prioridad no puede ser la aprobación, con prisas y sin un debate sosegado, de una nueva ley de función pública valenciana. Hay numerosos problemas pendientes de solucionar, muchas cuestiones planteadas y no resueltas.

No deberíamos olvidarnos de aquel plan de actuación que al inicio de la legislatura aprobó con el apoyo de todos los agentes sociales. En el mismo, los concursos debían haberse convocado a partir del 2016 y estar resueltos entre el 2018 y el 2019, compromiso ya imposible de ejecutar.

Actualmente aún estamos ejecutando las OPEs de 2015 y 2016. Pero ni se habla de:

  • Convocatoria general de concursos de traslados
  • OPE de 2017 y 2018, con sus procesos e consolidación, promoción interna y turno libre
  • Decreto de carrera del personal interino
  • Nuevas situaciones de IT con el 100% de cobertura de las retribuciones
  • Fondo de compensación de la pérdida de poder adquisitivo
  • Modificación del Anexo de la Ley 10/201 de cuerpos y escalas, para la modificación de las titulaciones exigidas que permita que puedan presentarse a las OPEs los actuales ocupantes de los puestos de numerosos colectivos.

No debemos de perder de vista qué es lo verdaderamente urgente, para que la futura ley, que no verá la luz en esta legislatura, no reste tiempo en la resolución de los principales problemas. Nada impide poder hablar, de manera tranquila y sin plazos comprimidos, sobre un nuevo texto de la futura ley, pero habiendo recuperado antes la normalidad en la gestión en la función pública valenciana. Lo contrario nos llevaría a tener que desarrollar nuevamente toda la normativa para adecuarla al nuevo texto de la ley, manteniendo así el bloqueo actual.

Por todo ello, desde la FeSP-UGT-PV creemos imprescindible que, antes de aprobar un nuevo texto de ley de función pública valenciana, es necesario resolver (y hacerlo antes de que finalice esta legislatura) cuestiones como las siguientes:

1.    Convocar concursos generales de traslados.

2.    Negociar los criterios de las OPEs 2017 a 2019 de estabilización

3.    Convocar los procesos de funcionarización incluidos en la OPE 2016.

4.    Modificar el Decreto de carrera en ejecución de la sentencia de interinos.

5.    Negociar y aprobar la nueva orden de bolsas de trabajo.

6.    Modificación de los cuerpos/escalas del Anexo de la Ley 10/2010, vía decreto-ley (vinculado a la urgencia de permitir al personal interino que ha visto modificadas las titulaciones de su cuerpo/escala presentarse a las convocatorias que las OPEs de estabilización).

7.    Modificación del Decreto 175/2006 de condiciones de trabajo.

  1. Nuevas situaciones de IT con el 100% de cobertura de las retribuciones
  2. Fondo de compensación de la pérdida de poder adquisitivo

 

Desde la FeSP-UGT-PV pedimos a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas que acelera la resolución de todas estas cuestiones como una prioridad absoluta. La historia ya está repleta de ilustres impulsores de leyes de la función pública valenciana, pero son escasos aquellos que se les recuerda por haber solucionado los problemas reales de sus empleados y empleadas públicas.

 

La propuesta de nueva ley en nuestra web: Ver anteproyecto

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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