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Las privatizaciones de Aduanas ponen en peligro la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado

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UGT denuncia que Aduanas ha iniciado la contratación con empresas privadas de seguridad la colocación de cámaras de video-vigilancia en el interior de las embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera. Dichas cámaras permiten grabar, ver y escuchar en tiempo real las conversaciones que mantienen los funcionarios mientras están navegando, las claves de encriptación utilizadas en las comunicaciones que se realizan en los operativos de las embarcaciones, así como a las órdenes que reciben durante las persecuciones o abordajes de las embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Todo este sistema se sigue desde ordenadores y teléfonos móviles que son manipulados por personal ajeno a la AEAT, permitiéndose el acceso a esta información confidencial a una empresa privada.

UGT denuncia además que algunas de las cámaras de video-escucha están enfocadas hacia el puente de mando de la embarcación, permitiendo la observación directa del radar y de las cartas de navegación que estén utilizando los patrones de Vigilancia Aduanera en los servicios de lucha contra la droga. De esta forma se vulnera la confidencialidad de las actuaciones y el secreto de las comunicaciones que realizan los funcionarios de Vigilancia Aduanera.

UGT ha tenido conocimiento de que también se están realizando grabaciones con estas cámaras de imágenes de la cocina, literas y camarotes, donde los miembros de la tripulación se cambian de ropa, vulnerándose derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad y a la dignidad de los funcionarios.

Aunque en una primera fase han sido colocadas en las embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera en las Islas Baleares, UGT tiene constancia que la Dirección de Vigilancia Aduanera pretende hacerlo extensivo a toda la flota de Aduanas.

UGT ha denunciado, así mismo, la posible existencia de irregularidades en las contrataciones realizadas por el Departamento de Aduanas con las empresas privadas de seguridad, al trocearse los contratos mediante la modalidad del “contrato menor”, por importes que varían entre los 10.000 euros a los 15.000 euros, por quincena. Además, este Sindicato ha denunciado el despilfarro que está haciendo el Departamento de Aduanas con el dinero público, pues ha detectado la existencia de otros contratos que han llegado a superar los 500.000 euros, recursos que podrían haberse destinado a reforzar la plantilla de Vigilancia Aduanera mediante la dotación presupuestaria y la consiguiente oferta de empleo público.

UGT ha solicitado la retirada inmediata de las cámaras de video-vigilancia de las embarcaciones. Así mismo, se ha solicitado la auditoría de los contratos mencionados y la depuración de las responsabilidades que procedan por las irregularidades cometidas en la autorización de la colocación de las cámaras y en la formalización de los contratos públicos.

 

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